Los primeros humanos modernos de Europa central, hace unos 40.000 años, tallaron secuencias de signos, un nivel de complejidad y densidad de información comparable a la primera escritura protocuneiforme de la antigua Mesopotamia. Aquellos humanos tallaron en las paredes de las cuevas, herramientas y figuritas de marfil, hueso o cuerno secuencias de signos, a menudo líneas repetidas de muescas, puntos y cruces, cuyo significado se desconoce pero que podrían haber usado para transmitir información y registrar sus pensamientos. Investigadores encabezados por la Universidad del Sarre (Alemania) analizaron más de 3.000 signos geométricos en 260 objetos asociados con la cultura auriñaciense, de hace entre 43.000 y 34.000 años, y publican los resultados en PNAS.
A Javier Tarazona se le nota el sufrimiento acumulado tras cuatro años y siete meses de cautiverio, en condiciones que él califica como "inhumanas". Basta observar su rostro y sus gestos cada vez que le viene a la mente un recuerdo de los 1.675 días que pasó tras las rejas del Helicoide, la prisión más famosa de Venezuela. Es una cifra que tiene grabada y que pronuncia sin vacilar. A los pocos días de su excarcelación, el activista de derechos humanos y director de FundaRedes habló en exclusiva con BBC Mundo sobre esos días. Lo hace desde el perdón y la esperanza de que su historia no se repita en un país que parece estar en proceso de cambio y transición. FundaRedes es una organización no gubernamental venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, por lo que Tarazona fue siempre una figura pública enfrentada al gobierno de Nicolás Maduro.
En 1553, una comunidad de judíos españoles y portugueses exiliados que habían encontrado refugio y patrocinio en la ciudad de Ferrara, en el norte de Italia, hicieron algo que habría sido impensable, y muy posiblemente fatal, en sus antiguas patrias. Imprimieron su propia Biblia hebrea en español. La Biblia de Ferrara, como se conoció el volumen, era necesaria por razones tanto prácticas como simbólicas. Un gran número de judíos sefardíes residentes en Ferrara se habían convertido al catolicismo romano, aparentemente, para evitar la expulsión de los reyes Fernando e Isabel en 1492. Pero muchos de los conversos habían intentado mantener viva su fe ancestral practicándola en secreto. A pesar de sus esfuerzos, el tiempo, el desplazamiento y la prohibición del judaísmo pronto erosionaron sus conocimientos. “La comunidad de Ferrara se formó no tanto por aquellos expulsados en 1492, sino principalmente por conversos portugueses y españoles que habían permanecido criptojudíos, es decir, que habían mantenido secretamente la práctica religiosa judía y la preservación dentro de sus familias en España o Portugal, transmitiéndola de padres a hijos”, dijo Paloma Díaz-Mas, escritora y académica española que ha escrito una introducción a una nueva edición de la Biblia de Ferrara .
Este lunes comenzaron los trabajos de remodelación en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como centro de torturas por ONG y opositores, para convertirla en un centro social. El Ministerio de Obras Públicas realizó el anuncio en Instagram y aseguró que los trabajos tienen como objetivo convertir esta cárcel en un "centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto".En el video, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que el proyecto fue aprobado tras una consulta a los residentes cercanos a la cárcel, así como a los funcionarios policiales, después de que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ordenara esa transformación.
La recién aprobada Ley de Amnistía, presentada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez como un instrumento para promover la reconciliación nacional, ha abierto un intenso debate sobre sus límites, alcance real y criterios de exclusión, especialmente en lo que respecta a figuras prominentes de la oposición como María Corina Machado. Aunque la ley permite que venezolanos en el exilio soliciten amnistía mediante un representante legal, el artículo 9 establece una serie de limitaciones que, en la práctica, impedirían el beneficio para quienes hayan promovido, instigado o respaldado acciones armadas o de fuerza por parte de actores extranjeros contra Venezuela.
Después de 27 años lidiando con este monstruo rojo y verde, es posible entender que el chavismo es una entramada organización capaz de reinventarse para mantener activas sus aspiraciones de perpetuarse en el poder. Ahora lo ha hecho de nuevo: se ha aprobado una supuesta ley de amnistía que, en el mejor de los casos, ayudará a liberar a centenares de anónimos manifestantes que nunca debieron estar presos por haber protestado en las calles o en redes sociales contra el régimen. La Asamblea Nacional aprobó la ley por unanimidad, lo que incluye a los 253 diputados chavistas sin disfraces y a 29 «opositores», representantes de partidos sin arrastre popular que son los aceptados por el Gobierno, en esa especie de atropello consentido que es el legislativo venezolano. Esos opositores incluyen a exlíderes medios, disidentes de la Plataforma Unitaria, la coalición de partidos que le dieron su respaldo al exdiplomático Edmundo González en 2024, llevándolo —según los escrutinios salvados del fuego por la oposición— a derrotar a Nicolás Maduro en las urnas.
En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en las últimas horas se conoció un pedido especial de la administración de Donald Trump a la nueva cabeza de la dictadura, Delcy Rodríguez. El diario ABC de España reveló este sábado que desde Washington estarían exigiendo a Delcy Rodríguez permitir pesquisas contra nueve funcionarios del régimen venezolano, entre ellos, el hijo y el hijastro de Nicolás Maduro. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro, está incluido en un expediente penal en Estados Unidos como parte del núcleo duro del régimen en relación al tráfico de narcóticos y armas.
Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington sigue presionando al régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez con ciertas decisiones como la apertura comercial, la excarcelación de presos políticos y el desmantelamiento de algunas figuras importantes de la dictadura. En las últimas horas se conoció que Tareck El Aissami, exministro de Industria y Producción Nacional del régimen venezolano, y Samark José López, operador financiero de la dictadura, aparecen en la página del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como capturados. Cabe recordar que Estados Unidos se encontraba en la búsqueda de estas dos figuras del régimen, quienes en febrero de 2017 fueron designados como narcotraficantes por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
La página oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) muestra a Tareck El Aissami y a su operador financiero Samark José López como “capturados”, pero esta clasificación no es nueva ni responde a movimientos recientes tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. Según explicó el portal de verificación Cazadores de Fake News este 21 de febrero, aunque ambos perfiles aparecen con la etiqueta "capturado", ello no prueba que hayan sido detenidos en Estados Unidos, ni que hayan sido extraditados a ese país, como se ha afirmado en redes sociales.
Asesores de seguridad y personal médico cubanos han comenzado a abandonar Venezuela en las últimas semanas. Esto ocurre tras la creciente presión de Estados Unidos para debilitar la alianza estratégica entre Caracas y La Habana, según reportó la agencia Reuters. De acuerdo con el reporte, parte del repliegue incluye a funcionarios vinculados a estructuras de seguridad e inteligencia que durante años operaron dentro de organismos venezolanos. Además, la cooperación entre ambos países se consolidó a finales de la década de 2000. En ese entonces, asesores cubanos se integraron en componentes militares y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Un organismo considerado como pieza clave en la estrategia de control interno del chavismo.
Una nueva demanda de Estados Unidos colocó bajo la lupa a la cúpula del chavismo en Venezuela. El gobierno de Donald Trump trasladó a las autoridades encabezadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez una solicitud precisa: colaborar con las investigaciones judiciales que pesan sobre nueve altos funcionarios del régimen. La exigencia, confirmada por una fuente conocedora de las conversaciones al diario ABC de España, no se limita a simples declaraciones, sino que abarca desde el acceso a documentos hasta la trazabilidad financiera de las operaciones bajo sospecha. La apuesta de Washington incorpora un enfoque progresivo. El primer nivel exige a Caracas la apertura para que funcionarios estadounidenses puedan realizar entrevistas, acceder a registros administrativos y revisar documentación confidencial.Los líderes chavistas apuntados por Washington serían Nicolás Maduro Guerra (hijo del ex dictador), Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López Bello (testaferro), Tareck El Aissami (ex presidente de la petrolera PDVSA), Walter Jacob Gavídia Flores (hijastro mayor de Maduro) y Pedro Luis Martín-Olivares (ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
Las lagunas y las restricciones de la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez, y aprobada el jueves por la Asamblea Nacional, ha provocado críticas y recelos entre la oposición y los organismos de derechos humanos. Más que una amnistía, se trata de un perdón discrecional del Gobierno, y su aplicación práctica dependerá de la interpretación que realicen los «tribunales competentes» sobre cada caso individual. Más de 600 presos políticos permanecen actualmente en las prisiones venezolanos. Si bien el texto establece un alcance temporal amplio —desde el 1 de enero de 1999 hasta su próxima entrada en vigor—, los episodios políticos específicos que cubre se limitan a 13 y arrancan en 2002. Entre ellos el breve golpe de Estado de 2002, el paro petrolero, comicios electorales o las manifestaciones de 2004, 2017 y 2014. Según Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, «de los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera». La ley excluye a quienes participaron en la rebelión cívico-militar de 2019, tras el fraude electoral de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó. También quedan fuera los procesados o condenados «por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras». Es precisamente en esa línea donde surge la ambigüedad jurídica y en la cual el chavismo puede seguir censurando y reprimiendo a la oposición, a la que el régimen acusa con frecuencia de «traición».
El Foro Penal, organización que durante más de dos décadas ha velado por los presos políticos en Venezuela, recibió con escepticismo la nueva Ley de Amnistía al considerarla restrictiva e insuficiente. Aunque la organización no gubernamental (ONG) reconoce que la medida permitirá la excarcelación de "algunos presos", advierte que militares y civiles señalados por su presunta participación en operaciones calificadas como conspirativas por el régimen, difícilmente serán liberados. Según sus estimaciones, la normativa dejaría por fuera a más de la mitad de los casi 700 presos políticos que aún permanecen tras las rejas, por lo que "la esencia del problema se mantiene", aunque algunos se vean beneficiados.
Este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la revocación de visas a tres altos funcionarios chilenos por su presunta vinculación con un proyecto de telecomunicaciones considerado “infraestructura crítica”. De acuerdo con fuentes diplomáticas, citadas por Ex-ante- la medida apunta al proyecto Chile China Express, una iniciativa que busca tender un cable submarino de fibra óptica para conectar directamente Valparaíso con Hong Kong, sin pasar por rutas tradicionalmente bajo influencia estadounidens.
El canciller Alberto van Klaverem comunicó que el Gobierno del presidente Gabriel Boric envió una nota de protesta a Estados Unidos (EEUU) ante la decisión de la Administración de Donald Trump de retirar visas a tres funcionarios de La Moneda. La nota en cuestión fue notificada a la Casa Blanca tras la reunión con el embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd. “EEUU ha anunciado medidas unilaterales a tres funcionarios del Gobierno de Chile”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores. “Nosotros no fuimos informados previamente de esta decisión y por esa razón procedimos a convocar al embajador de Estados Unidos, Brandon Jubb, para que nos explicara esta decisión”, explicó.
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