Las lagunas y las restricciones de la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez, y aprobada el jueves por la Asamblea Nacional, ha provocado críticas y recelos entre la oposición y los organismos de derechos humanos. Más que una amnistía, se trata de un perdón discrecional del Gobierno, y su aplicación práctica dependerá de la interpretación que realicen los «tribunales competentes» sobre cada caso individual. Más de 600 presos políticos permanecen actualmente en las prisiones venezolanos. Si bien el texto establece un alcance temporal amplio —desde el 1 de enero de 1999 hasta su próxima entrada en vigor—, los episodios políticos específicos que cubre se limitan a 13 y arrancan en 2002. Entre ellos el breve golpe de Estado de 2002, el paro petrolero, comicios electorales o las manifestaciones de 2004, 2017 y 2014. Según Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, «de los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera». La ley excluye a quienes participaron en la rebelión cívico-militar de 2019, tras el fraude electoral de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó. También quedan fuera los procesados o condenados «por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras». Es precisamente en esa línea donde surge la ambigüedad jurídica y en la cual el chavismo puede seguir censurando y reprimiendo a la oposición, a la que el régimen acusa con frecuencia de «traición».
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