Después de 27 años lidiando con este monstruo rojo y verde, es posible entender que el chavismo es una entramada organización capaz de reinventarse para mantener activas sus aspiraciones de perpetuarse en el poder. Ahora lo ha hecho de nuevo: se ha aprobado una supuesta ley de amnistía que, en el mejor de los casos, ayudará a liberar a centenares de anónimos manifestantes que nunca debieron estar presos por haber protestado en las calles o en redes sociales contra el régimen. La Asamblea Nacional aprobó la ley por unanimidad, lo que incluye a los 253 diputados chavistas sin disfraces y a 29 «opositores», representantes de partidos sin arrastre popular que son los aceptados por el Gobierno, en esa especie de atropello consentido que es el legislativo venezolano. Esos opositores incluyen a exlíderes medios, disidentes de la Plataforma Unitaria, la coalición de partidos que le dieron su respaldo al exdiplomático Edmundo González en 2024, llevándolo —según los escrutinios salvados del fuego por la oposición— a derrotar a Nicolás Maduro en las urnas.
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