ESTE MES, el gobierno federal está acelerando la reforma de la ley de vigilancia mediante un estudio parlamentario, y se prevé que las audiencias del comité sobre el proyecto de ley C-22 concluyan antes de finales de mayo. Esta legislación, denominada Ley de Acceso Legal, otorgaría a Ottawa amplios poderes para obligar a los proveedores de tecnología a integrar herramientas de vigilancia en sus sistemas. Su alcance podría implicar la obligación de que las empresas instalen herramientas de espionaje en dispositivos móviles, aplicaciones de redes sociales y mensajería, servicios de almacenamiento en la nube, plataformas de videojuegos, dispositivos domésticos inteligentes, redes de cámaras de video en directo o dispositivos de seguimiento de la salud y el estado físico, entre otros ejemplos. El proyecto de ley también debilitaría la protección de la privacidad de otra información digital, como la información de identidad detrás de cuentas anónimas en redes sociales o direcciones IP (a menudo denominada información del suscriptor).
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