Una situación de extrema gravedad institucional y de vulneración de derechos fundamentales quedó al descubierto, tras la denuncia penal interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la justicia. La acción legal apunta al presunto delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, involucrando a cientos de niños, niñas y adolescentes (NNA) de nacionalidad haitiana que ingresaron al país a través de vuelos chárter privados. El requerimiento judicial se gatilló tras conocerse un preinforme reservado emitido por la Contraloría General de la República (CGR). Dicha fiscalización detectó una profunda "falla estructural" e irregularidades en los procesos de "reunificación familiar". Entre las fallas principales, se expuso la nula interoperabilidad informática entre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía de Investigaciones (PDI) y el propio Sermig, lo que impidió cruzar las listas de pasajeros de los aviones con quienes efectivamente timbraban su ingreso en las ventanillas del aeropuerto o llegaban a los destinos declarados.
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