La Corte Penal Internacional fue creada después de muchas décadas de enormes esfuerzos con el fin de sancionar y prevenir los crímenes internacionales más horrendos que afectan, como lo dice su Estatuto, la conciencia de la humanidad. Entre ellos, los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela en forma continuada desde por lo menos 2014, como lo ha reconocido su Fiscalía. La comunidad internacional sigue de cerca la labor de la CPI y de su Fiscalía, que tiene el papel más importante en el inicio de los procedimientos y en el encausamiento de los presuntos responsables de tales crímenes. En la situación que examina la Corte sobre Venezuela ha habido un retardo injustificado que ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la Fiscalía. Se ha planteado la recusación del fiscal, cuya cuñada es parte del equipo jurídico del Estado venezolano, por supuesto conflicto de intereses con lo que examina en estos momentos la Sala de Apelaciones. La Asamblea de Estados partes ha encomendado a un órgano externo una investigación por presunto comportamiento indebido del fiscal.
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