
El observatorio afirma que "sin un control judicial de sus acciones, el Gobierno ha socavado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de organizaciones y defensores de promover derechos básicos".
"También ha perseguido a opositores políticos. Ha discriminado a medios que difunden opiniones contrarias y ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión", se afirma en el capítulo dedicado a Venezuela.
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