Elize September se dirige a su casa en Mitchell´s Plain (Ciudad del Cabo) desde el barrio de Bellville, después de una entrevista de trabajo satisfactoria. Con 21 años y largo tiempo en el paro, tiene esperanzas. Viaja en un minibús-taxi, las furgonetas compartidas, el transporte más usado en Sudáfrica. A las doce del mediodía de un viernes, Elize no duda en subir al vehículo pese a que éste va casi vacío, sólo el conductor y otro pasajero que se sientan delante. Tras unos minutos en la carretera, el pasajero se agita: dice que se ha equivocado de minibús, de trayecto. Discute con el conductor a voz en grito. Saca una pistola.
Las estadísticas en Sudáfrica sobre violencia contra mujeres y niños marean por su magnitud: se habla de una mujer violada cada 26 segundos, una mujer asesinada cada seis horas, seis veces más que la media global. Aún así, nadie tiene claras las estadísticas.
Lo que sí es evidente es que desde el final del apartheid, en 1994, las agresiones sexuales denunciadas se han disparado hasta revelar una epidemia. En 1994, se denunciaron a la policía 44.571 violaciones. En 2006, la figura llegó a 53.000. Las últimas figuras facilitadas por la policía, -criticadas porque bajo el epígrafe de “delitos sexuales” se mezclan agresiones sexuales y, por ejemplo, desmantelamientos de burdeles-, ascienden a 68.000.
