Las actuales modificaciones que se le hacen a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) en el unicolor parlamento venezolano, son consideradas por los sectores involucrados como una reforma clandestina, de nula consulta popular. Sólo se conocen algunos aspectos que se han filtrado a la prensa, publicados responsablemente por la periodista de El Universal, Sara Carolina Díaz.
Ni siquiera la Defensoría del Pueblo ni el Consejo Nacional de Derechos fueron consultados al respecto, pese a que esta ley nació hace siete años como resultado de una fecunda y plural participación de diversos integrantes de la sociedad, constituyendo una novedad por su carácter descentralizado para auxiliar a los órganos de justicia.
Aunque el proyecto para la reforma de la Lopna fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2004, por la mayoría calificada de los diputados y diputadas presentes en sesión plenaria, no fue sino hasta el pasado martes 10 de julio cuando el parlamento oficialista modificó, en segunda discusión, el instrumento legal, otorgando al Estado la rectoría sobre las políticas públicas relacionadas con los niños y adolescentes a través del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades), de acuerdo con lo informado por la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Juventud del Parlamento, Gabriela Ramírez.
Pero además, y por si fuera poco, se incorporan los consejos comunales en la Lopna como “expresión de la sociedad organizada”, según la integrante de la Comisión Reformadora, Marelys Pérez. Así, pues, queda derogada la disposición de los llamados foros propios y la elección de consejeros vía foros y se deroga el artículo referido a los consejos estadales de derecho. La responsabilidad, subraya Pérez, se asume a través de los consejos comunales".
Esto constituye, obviamente, un zarpazo a la democracia y la participación de la sociedad porque es a través de los foros propios que se evalúan públicamente las credenciales, de trabajo social, de los aspirantes a consejeros de derecho en un proceso totalmente transparente.
Ahora, ¿quién asegura que la elección de los consejeros no sea a dedo y que responda al color rojo rojito de los consejos comunales?
El 2 de abril de 2002, la entonces vicepresidenta del Consejo Nacional de Derechos, Anahíz Arismendi, explicó que “la descentralización y la corresponsabilidad son justamente dos de los fundamentos de esta nueva ley, de carácter participativo, que debe contar con la familia como centro, la sociedad civil y las instituciones municipales".
Hoy, cinco años después y en su condición de consejera nacional de derechos, Arismendi alerta que “con las modificaciones planteadas al texto prevalecerán los derechos individuales sobre los colectivos”. Opina que “la reforma, hecha sin tomar en consideración las propuestas presentadas por los involucrados, desmantelará el sistema de protección a niños que actualmente existe en el país y se va a un sistema donde se disminuye la participación de la colectividad”.
Justamente lo quiere el teniente coronel: controlar y centralizarlo todo para llevar a cabo su propósito de perpetuarse en el poder.Foto cortesía de El Universal de Venezuela
