De 8 a 10 años de cárcel estarían sometidos funcionarios militares y policiales que se abstengan de intervenir para evitar la consumación de los hechos punibles establecidos en la Ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, que aprobó la asamblea nacional constituyente. Penalistas señalaron que la intención es obligar a los oficiales a renunciar a su derecho a la libertad de conciencia y a inhibir a los ciudadanos para que no se expresen libremente.
