
La pareja era blanco de amenazas desde hacía años por sus denuncias contra madereros interesados en invadir la reserva para talar ilegalmente variedades de alto valor comercial como la caoba u otro tipo de árboles para la producción de carbón vegetal para la industria siderúrgica. De acuerdo a la prensa local, a pesar de las denuncias, Da Silva y su esposa jamás consiguieron protección policial.
La presidenta Dilma Rouseff pidió a su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ordenara a la Policía Federal una investigación del asesinato de la pareja.