Una de las preguntas formuladas por escrito a la delegación venezolana que acudió en junio ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el examen sobre el cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos, rezaba textualmente: “Sírvanse informar acerca de los criterios adoptados para asegurar que la regulación, asignación y fiscalización del uso de las frecuencias radioeléctricas por parte de Conatel se lleva a cabo de manera transparente y no discriminatoria”.