Así lo estableció una auditoría ordenada por el gobierno estadounidense.
El departamento de Justicia dijo que algunas de las operaciones de vigilancia del FBI han sido puestas en peligro por pagos retrasados y un "anticuado" sistema de contabilidad.
La auditoría también reveló que un empleado del FBI admitió el robo de US$25.000, que estaban destinados al pago de actividades telefónicas encubiertas.
El organismo aseguró, sin embargo, que las operaciones en cuestión no habían sido afectadas significativamente.
En agosto, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que le permite al gobierno mantener el programa para escuchar conversaciones telefónicas e intervenir comunicaciones de sospechosos de tener vínculos con actividades terroristas.
La legislación permite a las autoridades escuchar llamadas internacionales y filtrar comunicaciones que sigan la ruta de Estados Unidos a través de internet, de personas presuntamente asociadas con grupos terroristas, sin una orden judicial durante seis meses.