El Ministerio Público y la Justicia Militar investigan en absoluto sigilo la existencia de presuntas facturas duplicadas por hasta 200 millones de dólares en la contabilidad del Ejército, asociadas a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos realizadas a través la maestranza castrense, FAMAE, y empresas extranjeras como la israelí Rafael Advance Defense Systems.
