La justicia venezolana también habría estado al servicio de un sistema de corrupción y persecución política que, según una nueva acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, incluía pagos mensuales a jueces, órdenes para favorecer a narcotraficantes y amenazas contra los familiares de los funcionarios judiciales que se resistieran a cumplir las instrucciones del régimen. Las pistas que llevan a descifrar al funcionario ‘CC-2’, el señalado ‘torturador de Maduro’: estaría escondido en Arauca bajo protección del Eln. El documento de 30 páginas, radicado el 8 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, contiene un episodio hasta ahora poco conocido sobre la manera en que Maduro habría intervenido directamente en las decisiones de los jueces venezolanos. Según el expediente, en 2022 el entonces mandatario convocó a varios integrantes de la justicia al Palacio Presidencial, donde les anunció que recibirían un pago adicional de 1.000 dólares mensuales.
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