El pasado 18 de septiembre de 2026, en Ginebra, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe anual, en el que se analizan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el país entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Este informe principal vino acompañado por dos documentos de investigación que desarrollan y profundizan sus hallazgos: "La continuidad del aparato represivo del Estado" y "Los grupos civiles armados llamados colectivos y sus vínculos con el Estado". La conclusión central de la Misión es contundente: transcurridos ocho meses desde la intervención militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, las limitadas acciones de apertura del Gobierno interino de Delcy Rodríguez no constituyen una ruptura genuina, estructural ni sostenida con la política estatal de represión previamente documentada por la Misión. Si bien buena parte del impacto mediático y político del informe ha gravitado en torno a la persistencia de las graves violaciones de derechos humanos —con énfasis en la tortura, los presos políticos y la impunidad—, sus hallazgos también dejan al descubierto importantes repercusiones para la viabilidad del proceso de democratización del país.
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