Un tribunal poco conocido encargado de tramitar casos de deportación de alta sensibilidad contra presuntos terroristas extranjeros permaneció inactivo desde su creación en 1996 y ni siquiera contaba con un sitio web para hacer seguimiento a sus procedimientos. Pero este mes, el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) cobró vida con un caso sin precedentes presentado por el Gobierno de Trump, que busca nuevas estrategias de deportación. Durante 30 años, un grupo rotativo de jueces asignados al tribunal estuvo preparado para conocer cualquier caso que llegara a sus manos. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno federal nunca había considerado que tenía un caso que requiriera acudir a este tribunal, ni que justificara poner a prueba la constitucionalidad de sus controvertidos procedimientos.
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