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La mañana del 17 de octubre de 2012 transcurrió sin sobresaltos visibles en Caracas. Hugo Chávez acababa de ganar unas elecciones presidenciales que le aseguraban otros seis años en el poder, aunque muy pocos conocían entonces el verdadero avance de su enfermedad. Venezuela vivía una mezcla extraña de estabilidad aparente y tensión soterrada. El chavismo dominaba todos los poderes. Públicos, la oposición denunciaba un progresivo cierre institucional y el Tribunal Supremo de Justicia se había convertido, para críticos y organizaciones internacionales, en uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo político venezolano. Ese día, mientras el país seguía en la resaca electoral, la Sala Plena del TSJ aprobó una resolución de cuatro páginas, firmada ese mediodía de octubre, que bastó para alumbrar lo que con el tiempo se convertiría en la maquinaria judicial más eficiente del régimen para aplastar a sus adversarios. El documento técnico creaba tribunales especiales con competencia exclusiva para conocer causas relacionadas con terrorismo. La medida fue concebida, según el preámbulo de la resolución, “para garantizar la protección más eficaz frente a la diversidad de ilícitos penales con tendencias más graves y peligrosas, como lo es el terrorismo”. Su publicación oficial ocurrió meses después, en la Gaceta Oficial N.º 40.092 del 17 de enero de 2013.
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