La ONG Acceso a la Justicia señala que el decreto de Estado de Emergencia firmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con motivo de los terremotos del miércoles 24 de junio, no se ajusta a lo establecido en la Carta Magna venezolana. “Al no estar fundamentado en el artículo 338 de la Constitución, que exige declarar un ‘Estado de Alarma’ para este tipo de calamidades, no es viable aplicar restricciones temporales al ejercicio de los derechos constitucionales, como está contemplado en el artículo 6 del decreto presidencial”, explica la organización.
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