El 2 de julio se cumplen 180 días desde que Delcy Rodríguez asumió como encargada de la Presidencia de la República de Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos. Ese plazo marca el límite que la Constitución establece para el ejercicio de una suplencia temporal, concebida para evitar un vacío de poder en la presidencia, no para prolongar de forma indefinida el ejercicio de la Jefatura del Estado por parte de una funcionaria que no fue electa por el voto popular. Así lo señala la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en su comunicado del 14 de abril de 2026, donde advierte que "la prolongación indefinida del ejercicio del cargo de presidente de la República por una autoridad no electa es violatoria del principio democrático y de la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo Nacional". Más allá de la controversia jurídica sobre la duración del interinato, el inminente vencimiento de la encargaduría intensifica en el país los fuertes cuestionamientos a la autoridad de Rodríguez, debido a su falta de legitimidad para ocupar la Presidencia de Venezuela, su alta corresponsabilidad en la crisis provocada por el chavismo, el profundo descontento con los resultados de su interinato y la escasa confianza de la ciudadanía en su conducción del proceso de transición democrática.
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