La Contraloría General de la República concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones aplicó criterios excepcionales en procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos sin contar con atribuciones legales para ello. El organismo sostuvo que los requisitos, documentos y condiciones fijados por la Ley de Migración no podían ser modificados ni exceptuados mediante un simple memorándum interno, advirtiendo una “evidente vulneración” al ordenamiento jurídico. El informe final también detectó graves falencias de coordinación institucional, debilidades en el seguimiento de menores y anunció procesos disciplinarios.
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