Luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público abrió el lunes pasado una investigación por el presunto tráfico de decenas de niños y adolescentes haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárter, bajo la figura de “reunificación familiar”, acompañados de 12 “tutores legales” con quienes no tenían lazos consanguíneos, paradero de la mayoría de ellos que actualmente aún se desconoce. El asunto tiene de cabeza a dichas reparticiones, pero también al Gobierno, la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) y el Registro Civil, y hasta la Unicef aseguró que “es necesario saber con urgencia dónde están”, advirtiendo una posible vulneración de sus derechos y pidiendo verificar sus actuales condiciones de vida.
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