Ocurrió una noche a finales de abril pasado. Un convoy militar venezolano recorrió con la mayor discreción posible los 160 kilómetros que separan la sede del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ubicada a las afueras de Caracas, hasta el puerto de la localidad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo. Las razones de la nocturnidad y la discreción solamente se conocerían muchos días después: los militares escoltaban un vehículo que transportaba un contenedor en cuyo interior había unos 13 kilogramos de uranio altamente enriquecido, con el objetivo de que fuera trasladado hasta Estados Unidos. La operación de extracción contó con la participación de los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y Reino Unido, así como del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que -según revelaron luego- trabajaron durante años para garantizar que se realizara de forma segura. En una declaración divulgada el 8 de mayo, el OIEA explicó que se trataba de "una misión conjunta cuidadosamente planificada, llevada a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, ya que este tipo de material nuclear puede representar un riesgo de proliferación o una amenaza para la seguridad si cae en manos equivocadas".
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