La designación del próximo fiscal general de la república y del defensor del pueblo no será un movimiento menor dentro del ajedrez político venezolano: será una declaración de fondo. Más que un acto administrativo, constituye una prueba de coherencia —o de su ausencia— en el discurso reciente del poder. Los antecedentes no invitan al optimismo. La reciente decisión en Citgo no destacó por la reivindicación del mérito, sino por la reiteración de una práctica conocida: la primacía de la lealtad sobre la competencia. Designar a alguien que ya ha fracasado así lo demuestra. Cuando ese criterio se proyecta sobre instituciones llamadas a ejercer control, lo que se obtiene no es estabilidad, sino una cuidada escenificación de institucionalidad.
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