Desde que Italia se convirtió en país en 1861, existía una forma infalible de saber quién era ciudadano italiano y quién no: observar a sus padres. La primera página del Código Civil, publicado en 1865 como reglamento del país más joven de Europa, declaraba que un niño nacido de un ciudadano italiano era ciudadano italiano. Este principio fundamental del Bel Paese parece estar a punto de cambiar, lo que pone fin a los sueños de la diáspora de regresar a la patria y supone que los italianos que emigran correrán el riesgo de negar la ciudadanía a sus descendientes. El jueves, el Tribunal Constitucional dictaminó a favor del Gobierno y su controvertida ley de 2025, que restringía la ciudadanía a quienes habían nacido en el extranjero. La ley, promulgada en marzo pasado mediante decreto de urgencia, había sido impugnada por cuatro jueces, quienes cuestionaron su constitucionalidad.
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