La Ley de Amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el régimen, ha generado reacciones encontradas entre familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos, quienes identifican exclusiones significativas que afectan a más de 400 personas, principalmente militares y funcionarios acusados por motivos políticos. Como aspectos positivos de la legislación, Alfredo Romero, director del Foro Penal, reconoció que "esta ley, de cualquier manera, es un logro de los familiares, logro de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos". Sin embargo, advirtió sobre limitaciones importantes: "La ley es exclusiva, en el sentido de que excluye personas", señalando que omite 15 años de los 28 años del período conocido como Revolución Bolivariana.
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