Comenzaron en 1963 en Argelia y, según datos de 2024, están presentes en 56 países, con más de 23 mil médicos, enfermeros y técnicos. Las misiones cubanas de profesionales del área de la salud se publicitan como símbolo de solidaridad, pero a la vez son acusadas de maltrato, fraude y esclavitud. Se les critica también que desvían personal al exterior, cuando la situación para los 9,9 millones de cubanos es cada vez más precaria. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al régimen cubano de enriquecerse con este programa, que califica de trabajo forzado, y emitió sanciones contra funcionarios de varios países y exmiembros de la OPS por su supuesta complicidad. Las reacciones en América Latina y el Caribe no se hicieron esperar. Bahamas y Antigua y Barbuda decidieron prescindir de estos servicios en 2025 y, recientemente, Guatemala, Guyana y San Vicente y las Granadinas también revocaron sus convenios. Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, Cuba comenzó a repatriar a su personal sanitario, el contingente más elevado y que habría sido pagado en petróleo.
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