El acuerdo establece por primera vez un marco legal vinculante para proteger y gestionar de forma sostenible la biodiversidad en las aguas internacionales, que cubren casi el 50 % de la superficie del planeta. Este instrumento, impulsado por Naciones Unidas y ratificado por más de ochenta países, define reglas claras para la creación de áreas marinas protegidas, la evaluación de impactos ambientales y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos. El alcance del acuerdo abarca los dos tercios del océano situados fuera de las jurisdicciones nacionales, zonas hasta ahora sin regulación internacional eficiente. Al entrar en vigor, el tratado otorga a la comunidad internacional nuevas herramientas para salvaguardar la vida marina, frenar amenazas como la sobrepesca y la minería de fondos marinos, y avanzar hacia la meta global de proteger al menos un 30 % de los océanos para 2030.
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