La reciente declaración de culpabilidad de Hugo Armando Carvajal Barrios, exgeneral venezolano conocido como “el Pollo”, ante una corte federal de Nueva York, es un episodio judicial de alto perfil. Carvajal, quien fuera jefe de la inteligencia militar venezolana y figura clave del llamado Cártel de los Soles, admitió su participación en delitos de narcoterrorismo, tráfico de armas y colaboración con las FARC, organización catalogada como terrorista por Estados Unidos. La acusación sostiene que, bajo su liderazgo y el de otros altos funcionarios del régimen venezolano, se utilizó la cocaína como instrumento de guerra política, inundando de drogas a Estados Unidos y financiando actividades ilícitas que trascienden fronteras. La decisión de Carvajal de declararse culpable y ofrecer cooperación a las autoridades estadounidenses responde a una estrategia procesal clásica: ante una posible cadena perpetua, busca reducir su condena mediante la entrega de información sensible sobre la estructura criminal del régimen venezolano, sus vínculos con grupos terroristas y la infiltración de redes de espionaje en América y Europa. La jurisprudencia federal estadounidense establece que la magnitud de la reducción de pena dependerá de la calidad y el impacto de la cooperación, especialmente si conduce a nuevas detenciones o al desmantelamiento de redes criminales.
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