La propuesta de una "regulación acotada" para los migrantes que participaron voluntariamente en el proceso de empadronamiento biométrico —cifra que se estima en alrededor de 182 mil personas— ha generado un amplio debate. Desde la oposición han manifestado preocupación, advirtiendo que esta medida podría interpretarse como un "perdonazo" o un "llamado masivo" para que más inmigrantes ingresen al país por pasos no habilitados con la expectativa de regularizar su situación posteriormente. Sin embargo, los gremios empresariales manifestaron otra opinión. Subrayaron la importancia de una regulación ordenada, sobre todo para el sector agrícola.
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