La situación en Venezuela, examinada por la Corte Penal Internacional (CPI), sigue siendo fuente de preocupación para las víctimas de crímenes internacionales cometidos en el país. Las víctimas enfrentan un panorama incierto, agravado por la solicitud de recusación del Fiscal de la CPI, Karim Khan, bajo acusaciones de un posible conflicto de interés. Este proceso, sin precedentes en la historia de la Corte, plantea desafíos que podrían retrasar aún más el acceso a la justicia.
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