El pasado 9 de febrero fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no gubernamental cuya misión es «promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, bajo cinco principios: respeto de los derechos humanos, transparencia, democracia, participación y el Estado de Derecho». Lo vivido por San Miguel desde esa fecha, hace ya 70 días, prueba una vez más la precariedad del derecho a la defensa y al debido proceso en Venezuela.
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