El horror de los abusos y agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia ya cuenta con un informe oficial e independiente que certifica que es una realidad que existió en España y que ha permanecido durante años cubierta por un manto de silencio. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes en el Congreso de los Diputados el documento Una respuesta necesaria, en el que la institución reconoce las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas y reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas que incluya aportaciones de la Iglesia. El informe presentado en el Congreso incluye una encuesta que revela que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país, y que un 0,6%, unas 240.000 personas, han sido agredidas por parte de un sacerdote.
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