La abogada Tamara Adrián, antes de ganar un escaño en la Asamblea Nacional como opositora, certificó la legalidad de una serie de préstamos a la estatal Petróleos de Venezuela, esquema que la justicia estadounidense hoy dice fue utilizado para malversar $4,500 millones, en lo que es considerado como el mayor caso de corrupción chavista visto hasta ahora. Una opinión legal escrita por Adrián en el 2012, tres años antes de convertirse en la primera diputada transgénero electa en América Latina, concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos.
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