España se resiste a juzgar el franquismo y también a que se lo juzguen otros. De momento, el Estado está reaccionando como Argentina o Chile hace 17 o 15 años, cuando era un juez español, Baltasar Garzón, quien reclamaba la detención de dictadores, militares o policías de ambos países en aplicación del principio de justicia universal. El Gobierno mintió para que no avanzara la causa abierta por una juez desde Buenos Aires, asegurándole por escrito que había “numerosos procedimientos judiciales abiertos” en España por los crímenes del franquismo. Después, vetó la toma de declaración por videoconferencia de las víctimas. Y ahora, tras las primeras imputaciones, contra cuatro torturadores de la dictadura —dos han muerto—, el Gobierno, jueces y fiscales la esquivan e invocan los argumentos que antes esgrimieron otros países: la ley de Amnistía de 1977.
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