
Tras varios años de análisis, la ministra de Defensa, Carme Chacón, elevó en octubre pasado al Gobierno una propuesta de desclasificación en bloque de estos documentos —técnicamente, cancelación de la clasificación—, cuya divulgación ya no representa una amenaza para la seguridad nacional o la defensa del Estado ni vulnera la intimidad de las personas. La propuesta quedó aparcada debido a la inminencia de las elecciones, pero las fuentes consultadas subrayan que el trabajo ya está hecho y corresponderá al próximo Gobierno decidir si da luz verde a su difusión.
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