Así lo estipula un proyecto de ley radicado por el Gobierno este jueves en el Congreso y que busca que la población con discapacidad vea garantizado el pleno ejercicio de sus derechos. La iniciativa, según el ministro del Interior, pretende adoptar “medidas de inclusión” y evitar cualquier tipo de discriminación. En este sentido, el proyecto plantea que las entidades municipales y departamentales deberán diseñar, en un término no mayor a un año, un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción. El proyecto también busca atender y proteger a las personas con discapacidad según su situación específica y en algunos casos, según su vulnerabilidad. El proyecto además le otorgará beneficios tributarios y líneas de crédito para todas las empresas que abran plazas en sus nóminas para contratar a personas con discapacidad.
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