A la directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, le preocupa que, al estar la nueva cédula electrónica en manos de una empresa oficial cubana, pueda ser vulnerada información estratégica del Estado. "El sistema de identidad de cualquier país es un elemento esencial de seguridad nacional, junto con el de registros y notarías, que han estado bajo el esquema de participación cubana", alertó. El Ministerio de Interior y Justicia le asignó a Albet, compañía dependiente del Gobierno de la isla, un contrato por 172,2 millones de dólares para el desarrollo del nuevo documento de identificación, bajo un acuerdo en el que se excluye la participación de técnicos venezolanos y se asegura a los antillanos el control de los software, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso El Nacional. Albet subcontrató a la multinacional Gemalto para que le proveyera las tarjetas de policarbonato y los programas informáticos.
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