
En su reporte, la jurista colombiana aseveró que las recurrentes cadenas presidenciales atentan contra la libertad de expresión y señaló que la potestad del Jefe del Estado para interrumpir las transmisiones de las televisoras y radios no "es absoluta", sino que "la información que el primer mandatario transmite a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público y durante el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha información".
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