
En algunos países se ha intentado poner freno a ese tsunami a través de leyes que obligaran a los organismos oficiales a difundir parte de la información de que disponen o que manejan, las llamadas Freedom Information Acts (inexistente todavía en España). Aun así, millones de documentos han quedado fuera de esas leyes al aplicárseles, muchas veces de manera rutinaria y poco razonada, la categoría de "clasificados" o de "secretos".
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