
El dictamen del Supremo ratifica la sentencia de la anterior instancia, con penas de cárcel de 60 días a 6 meses, pero convierte en condicionales, con un período de prueba de un año, las dos condenas que antes eran incondicionales, y redujo otra a 60 días.
La sentencia considera que tanto las Farc como el FPLP han cometido "ataques graves contra la población civil con el propósito de aterrorizar gravemente a la población o para desestabilizar las estructuras políticas, constitucionales, económicas y sociales fundamentales" en sus respectivos países.
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