Por Giuliana Chiappe
En los últimos ocho años, los periodistas han enfrentado cerca de 300 juicios, de los cuales 100 comenzaron en 2006. El cerco se refuerza con procesos administrativos y frecuentes agresiones físicas.
La verdadera vigencia de la libertad de expresión es un concepto perfectamente cuantificable. En Venezuela se mide con 300 juicios, 100 de ellos en el último año, contra periodistas o medios; 84 alertas (definidas según parámetros internacionales) de atentados contra la libertad de prensa ocurridos en los últimos 17 meses; 80 procedimientos abiertos contra un solo canal de televisión (Globovisión) y otros contra televisoras y emisoras de radio; periodistas con tres, cuatro y hasta diez juicios en proceso, seis asesinados y un canal cerrado (RCTV) por la no renovación de una concesión cincuentenaria.
Los juicios impactan por su cantidad. Son, dicen los funcionarios demandantes, para defender reputaciones y prestigios. Y cualquier arista parece lo suficientemente fuerte como para soportar un proceso judicial.
La periodista Marianella Salazar fue imputada por el "delito de calumnia en agravio de la Fiscalía", por declarar, en citación judicial, que deberían investigar al vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, por dirigir una presunta campaña en su contra.
Mireya de Zurita, hasta hace poco directora del periódico aragüeño El Siglo, fue enjuiciada por negarse a revelar los nombres de policías regionales que acusaron a su comisario de actuaciones irregulares en un procedimiento de narcotráfico.
Gustavo Azócar, periodista tachirense, enfrenta tres juicios simultáneos, más uno anunciado, entre otras razones por denunciar ilegalidades en la entrega de cédulas en la frontera.
Miguel Salazar, director de Las Verdades de Miguel y que siempre ha sido de pública tendencia oficialista, enfrenta tres demandas por ofrecer informaciones incómodas para personajes con cargos públicos. Estos son sólo cuatro de tantos casos.
Alberto Jordán Hernández, ex diputado de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, lleva un registro de los incidentes ocurridos contra medios y reporteros desde 1998. En su lista, el cambio es visible. Hasta 2002, el modus operandi que imperaba eran las agresiones físicas.
En los últimos años los juicios están ganando en protagonismo, de tal manera que, según sus cuentas, de aproximadamente 300 procesos abiertos durante los últimos ocho años, 100 se iniciaron entre enero y diciembre de 2006.
En el Instituto de Prensa y Sociedad (fundado en 1992 en Perú, y con presencia en Venezuela desde 2002) también documentan incidentes que puedan considerarse atentados contra la libertad de información y expresión.
El registro se efectúa, según explica el director ejecutivo del capítulo venezolano, Ewald Scharfenberg, bajo los parámetros de la International Freedom Expression Exchange, con sede en Canadá y que agrupa a 71 ONG.
La clasificación de los incidentes tampoco es empírica, se basa en los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según estos mecanismos y los niveles de riesgo de los eventos reportados entre el 1 de enero de 2006 y el 3 de febrero (Día Internacional de la Libertad de Expresión) de 2007, Venezuela está en alerta naranja.
A pesar de que las agresiones físicas siguen siendo la mayoría de esta opaca lista, pues representaron 42% del total, un número llamó la atención de Scharfenberg: 15% de los incidentes está formado por juicios o querellas, de parte de funcionarios públicos, que se sintieron ofendidos o difamados por alguna información periodística o de opinión.
Este tipo de juicios también conforman una manera de amedrentamiento (buscando la autocensura) y de control, y apoyados en una reforma parcial del COPP que, en la práctica y según las sanciones impuestas, considera más importante la reputación de los burócratas que la de los ciudadanos comunes.
Por otra parte, es un fenómeno en contra de la corriente mundial que incita a los funcionarios públicos a ser más abiertos al escrutinio de toda la sociedad, incluso hasta el abuso, con el único fin de mantener su gestión de la forma más transparente posible.
La exacerbada cantidad de juicios abiertos contra medios o periodistas es inédita, coinciden Jordán y Scharfenberg, al igual que el hostigamiento administrativo recurrente sobre la supuesta base de las leyes.
Paralelamente, perciben que se presionan otras teclas más sutiles, como la proliferación de medios pertenecientes a capitales cercanos al Estado y la presión a los medios de comunicación a través de la pauta publicitaria.
Para Scharfenberg, la estrategia del Gobierno con los medios parece nutrirse con un toque del fujimontesinismo del Perú de los noventa y mucho de la autocrática Rusia de Putin.
Las tácticas se mezclan. Gustavo Azócar, por ejemplo, muestra un puñado de juicios en su contra y, "como si fuera poco", dice, otro de agresiones: dos incursiones de hombres armados a su casa en las que solamente se llevaron una carpeta y un celular; balazos 9 milímetros a su carro, estacionado frente a su vivienda; 16 días en prisión precisamente por los procedimientos judiciales; acusación de Iris Varela como responsable de un incendio en el Consejo Legislativo y de siete diputados de ser jefe de las guarimbas regionales y, lo más reciente, una amenaza de muerte que dejaron en su celular como "regalo" del Día del Padre el domingo pasado.
Es más que dejar decirLa libertad de expresión no se trata sólo de decir cosas, sino de no ir a prisión por decirlas. Este es el principio internacional con el que los defensores internacionales de este derecho contrarrestan los disfraces que puedan sostener los gobiernos sensibles a la crítica. No se trata, entonces, de lo que se deja expresar, sino de las acciones que se toman para fomentar el silencio.
En el caso de la Venezuela actual, esas acciones no son aisladas. El registro que lleva Jordán Hernández es largo.
Apenas en 2006, dicen las cuentas del ex diputado, se produjeron acciones gubernamentales como el anuncio de cierre de más de tres mil emisoras de radio; sanción pecuniaria contra nueve emisoras y 7 televisoras; investigación del Ministerio Público contra cinco canales (Televen, Venevisión, RCTV, Globovisión y CMT) y cuatro diarios (El Universal, El Nacional, Últimas Noticias y El Nuevo País), 41 juicios contra televisoras y programas (El Observador, El Informador, El Noticiero, La Entrevista, 30 Minutos, Titulares de Mañana, Grado 33 y Noticias Globovisión) y anulación de 26 frecuencias a una televisora (Vale TV, cuya concesión fue otorgada a la Iglesia en el gobierno de Rafael Caldera).
El Gobierno tiene su propio menú de sanciones que puede aplicar a los medios de radio y televisión. Sólo la Ley de Contenido vigente le ofrece 72 opciones, que oscilan entre la amonestación, milmillonarias multas y la clausura. Jordán, como diputado en ejercicio durante la aprobación de tal ley en la Asamblea Nacional, cuenta una anécdota lapidaria: "En plena discusión, surgió una pregunta intempestiva '¿es que acaso quieren que exista un solo medio de comunicación en Venezuela?' y la bancada oficialista, al unísono y a gritos, respondió 'siií'".
"Están desarrollando un patrón de intimación", percibe Scharfenberg, " esos mecanismos son más perniciosos porque llevan a la autocensura". El éxito más palpable de silencio "voluntario" fue el caso del retiro de la señal abierta de RCTV por la no renovación de la concesión y la manera como fue obviado por dos canales.
"Incluso los medios oficialistas fueron más equilibrados porque al menos ofrecieron una versión de lo ocurrido. Pero para Venevisión y Televen pareciera que este hecho no existió. Según mi capacidad de injerencia, la autocensura es un objetivo del Gobierno".
Entre ceviche y borshchLa política gubernamental del Gobierno ante los medios de comunicación no es ningún "pasticho". Más bien, oscila entre el peruano ceviche y la rusa sopa borshch.
Esta mezcla metafórica resulta un tanto extraña pero aparece muy bien definida en la percepción de los expertos del Ipys. Scharfenberg encuentra algunas similitudes con el modelo fujimontesinista del Perú de los noventa y la Rusia de Putin.
La influencia rusa se asoma mayor. El rechazo a la disidencia muestra mecanismos parecidos como la inmersión de articulados que limitan la libertad de información y expresión en diferentes leyes (en el caso venezolano la ley de menores, de participación ciudadana, de prensa, entre otras), instrumentos jurídicos creados para anular a las ONG no vinculadas a la ideología en el poder y el control directo de medios de comunicación, que pueden ser propiedad del Estado o de capitales cercanos al Gobierno.
Del fujimontesinismo, Scharfenberg encuentra mecanismos "perfeccionados", como el de la prensa "chicha" (término coloquial similar al venezolano "chiripero"), compuesta sobre todo por periódicos tabloides dedicados a difamar a los de oposición que en Venezuela serían, "Los Papeles de Mandinga, La Hojilla en sus dos versiones y el programa Dando y Dando". Pero en estos casos, intuye, no parece que se aplica la férrea defensa de reputaciones y prestigios.
Texto tomado íntegramende de El Universal de Venezuela
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