La ruta de Mercal

Yo mismo lo vi. Nadie me lo contó de cómo buena parte del abastecimiento que el gobierno dice producir para favorecer a los pobres de Venezuela, a través de Mercal, subsidiado como en un 50 por ciento con dinero del Estado, va a parar a manos de muchos comerciantes colombianos, ubicados a lo largo de toda esa extensa frontera occidental del país, desde La Guajira en la parte Norte del Estado Zulia, pasando por los pueblos que bordean La Sierra de Perijá, siguiendo hasta el Estado Táchira en el Suroeste y terminando en algunos pueblos del Estado Apure en el Sur.

Esa anomalía en cierto sentido no tiene mucho de extrañar, porque los comerciantes compran donde mejor les convenga, allá las autoridades que deben resguardar las fronteras y no lo hacen como debieran hacerlo. El problema real está en que buena parte de la producción de Mercal va a parar a manos de la guerrilla colombiana, quiero decir, a manos de las Farc, de quienes siempre se ha dicho que están protegidos por el gobierno comunista del presidente Hugo Chávez Frías y que los dirigentes se pasean por Caracas como Pedro por su casa, mientras las autoridades colombianas los buscan como fugitivos para que arreglen sus cuentas con la justicia. Incluso, se dice que los ejércitos irregulares de las Farc poseen cédulas legales venezolanas, expedidas por el gobierno.

¿Cómo el gobierno de Chávez surte de alimentos a la guerrilla en connivencia con la Fuerza Armada Venezolana?. Pues es sencillo: la ruta es Maracaibo, La Concepción, Río Palmar, San José de Los Altos y más allá están algunos campamentos de la guerrilla, en el lado colombo-venezolano, en los pueblos que comparten nuestra Sierra de Perijá.

Los camiones, periódicamente, suben por esta zona, incluso, escoltados por funcionarios militares del Core 3 y muchas veces, por militares del destacamento del Ejército que está en la rivera del Río Palmar en La Sierra de Perijá. Los militares saben qué llevan los camiones y saben a quiénes van dirigidos, pero temen decir nada, porque esa es la política de miedo que ejerce el gobierno sobre los funcionarios.