¿Ha habido alguna vez un episodio de corrupción presidencial tan flagrante y amenazante para el orden constitucional? Desde luego, no en los tiempos modernos. El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump está utilizando el dinero de los contribuyentes para crear un fondo de enriquecimiento político de 1.800 millones de dólares. Aunque supuestamente fue creado para compensar a quienes, según el departamento, han “sufrido la instrumentalización y la persecución de la ley”, en realidad recompensará a leales dispuestos a desafiar la ley y cometer actos violentos en nombre del presidente. El fondo consigue combinar tres de los comportamientos más alarmantes de Trump. Uno, es una forma evidente de corrupción, procedente de un presidente que ha utilizado su cargo para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus aliados. Dos, el fondo continúa su patrón de uso del Departamento de Justicia como ejecutor para castigar a quien considera sus adversarios y proteger a sus amigos y aliados. Tres, el fondo es su último intento de reescribir la historia sobre las elecciones de 2020 y el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.
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