A 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet, abruma la incapacidad para enfrentar la fecha con unidad democrática y altura de miras. Se puede discutir y tener la opinión que se quiera acerca del Gobierno de Salvador Allende, de lo que pretendía, o de las causas de la crispación que sufría el país en 1973. Se puede analizar lo ocurrido en el contexto de la Guerra Fría, una de cuyas batallas se libró en territorio chileno. Se puede debatir y discrepar sobre modelos económicos, sociales o políticos. La discusión es legítima y necesaria en cualquier país, más aún si ha vivido un quiebre tan profundo como Chile. Lo que no debería estar a debate en esos mismos términos es el juicio histórico sobre el golpe y la dictadura militar, 50 años después. A menos que se acepte que asesinar, hacer desaparecer adversarios, torturar y pisotear el Estado de derecho es un recurso político como cualquier otro.
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