El gobierno de España busca impedir que los inmigrantes indocumentados realicen llamadas desde los locutorios y cibercafés o hagan uso de las conexiones a Internet de estos establecimientos. A través de un artículo anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, aprobado por el Consejo de Ministros, la normativa obliga a comercios privados como locutorios y cibercafés a "cumplir las obligaciones de registro documental e información impuestas por la autoridad competente".
